Martes 22 de Mayo de 1810

De los 450 invitados al cabildo abierto solamente participaron unos 251. French y Beruti, al mando de 600 hombres armados con cuchillos, trabucos y fusiles, controlaron el acceso a la plaza, con la finalidad de asegurar que el cabildo abierto fuera copado por criollos.
El cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos, entre ellos la lectura de la proclama del Cabildo, el debate, "que hacía de suma duración el acto", como se escribió en el documento o acta, y la votación, individual y pública, escrita por cada asistente y pasada al acta de la sesión.
El debate en el Cabildo tuvo como tema principal la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del virrey. El principio de la retroversión de la soberanía planteaba que, desaparecido el monarca legítimo, el poder volvía al pueblo, y que éste tenía derecho a formar un nuevo gobierno.
Hubo dos posiciones principales enfrentadas: los que consideraban que la situación debía mantenerse sin cambios, respaldando a Cisneros en su cargo de virrey, y los que sostenían que debía formarse una junta de gobierno en su reemplazo, al igual que en España. No reconocían la autoridad del Consejo de Regencia argumentando que las colonias en América no habían sido consultadas para su formación. El debate abarcó también, de manera tangencial, la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares, ya que quienes proponían mantener al virrey consideraban que la voluntad de los españoles debía primar por sobre la de los criollos.
Uno de los oradores de la primera postura fue el obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, líder de la iglesia local. Lué y Riega sostenía lo siguiente:
No solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aún cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas y que éste sólo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él. Aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como al Soberano.
Juan José Castelli habló a continuación, y sostuvo que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de Fernando VII de regresar al trono.
Desde la salida del Infante don Antonio, de Madrid, había caducado el Gobierno Soberano de Espa­ña, que ahora con mayor razón debía considerarse haber expirado con la disolución de la Junta Central, porque, además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para el establecimiento del Supremo Gobierno de Regencia; ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno, y no podrían delegarse, ya por la falta de concurrencia de los Diputados de América en la elección y establecimiento de aquel gobierno, deduciendo de aquí su ilegitimidad, la re­versión de los derechos de la Soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo gobierno, principalmente no existiendo ya, como se suponía no existir, la España en la dominación del señor don Fer­nando Séptimo.
Pascual Ruiz Huidobro expuso que, dado que la autoridad que había designado a Cisneros había caducado, éste debía considerarse separado de toda función de gobierno, y que, en su función de representante del pueblo, el Cabildo debía asumir y ejercer la autoridad.
El fiscal Manuel Genaro Villota, representante de los españoles más conservadores, señaló que la ciudad de Buenos Aires no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la legitimidad del virrey o el Consejo de Regencia sin hacer partícipes del debate a las demás ciudades del Virreinato. Argumentaba que ello rompería la unidad del país y establecería tantas soberanías como pueblos. Juan José Paso le dio la razón en el primer punto, pero adujo que la situación del conflicto en Europa y la posibilidad de que las fuerzas napoleónicas prosiguieran conquistando las colonias americanas demandaban una solución urgente. Adujo entonces el argumento de la hermana mayor, por la cual Buenos Aires tomaba la iniciativa de realizar los cambios que juzgaba necesarios y convenientes, bajo la expresa condición de que las demás ciudades serían invitadas a pronunciarse a la mayor brevedad posible. La figura retórica de la "Hermana mayor", comparable a la gestión de negocios, es un nombre que hace una analogía entre la relación de Buenos Aires y las otras ciudades del Virreinato con una relación filial.La postura de Cornelio Saavedra fue la que acabó imponiéndose.
El cura Juan Nepomuceno Solá opinaba que el mando debía entregarse al Cabildo, pero sólo en forma provisional, hasta la realización de una junta gubernativa con llamamiento a representantes de todas las poblaciones del virreinato.
Cornelio Saavedra propuso que el mando se delegara en el Cabildo hasta la formación de una junta de gobierno, en el modo y forma que el Cabildo estimara conveniente. Hizo resaltar la frase de que "(...) y no queda duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando". A la hora de la votación, la postura de Castelli se acopló a la de Saavedra.
Luego de los discursos, se procedió a votar por la continuidad del virrey, solo o asociado, o por su destitución. La votación duró hasta la medianoche, y se decidió por amplia mayoría destituir al virrey: 155 votos contra 69. Los votos contrarios a Cisneros se distribuyeron de la siguiente manera: Fórmula según la cual la autoridad recae en el Cabildo: 4 votos
Fórmula de Juan Nepomuceno de Sola: 18 votos
Fórmula de Pedro Andrés García, Juan José Paso y Luis José Chorroarín: 20 votos.
Fórmula de Ruiz Huidobro: 25 votos
Fórmula de Saavedra y Castelli: 87 votos

Nota: El Cabildo abierto, por Juan Manuel Blanes.