Trafalgar y las Invasiones Inglesas

Debido a que el soberano español Carlos II no tuvo descendencia, dispuso por testamentaria que el sucesor al trono debería ser miembro de la familia francesa de los Borbones. La disposición provocó que en Inglaterra sintieran que el equilibrio de poder se alteraba. Un pacto entre Francia y España significaba el renacer de la idea de una monarquía universal, por consiguinete hubo guerra. Se enfrentaron España y Francia aliadas, contra Gran Bretaña, Austria y Holanda. El Tratado de Paz de Utrecht en 1713, cerró el conflicto y abrió las puertas a la hegemonía británica. Inglaterra obtuvo ventajas que le permitieron fortalecerse en el mar, detener la expansión francesa y minar el imperio español de ultramar. Su privilegios más importantes fue la autorización para vender 4.800 esclavos por año a la América española durante un período de treinta años, más el envío regular de un barco cargado con mercancías.
A fines del siglo XVIII se rompió la alianza entre España y Francia, gestándose dos planes: el de Nicholas Vansittart y el del general Tomas Naitland. Tenían en común la idea de una invasión que tomara Buenos Aires, avanzara hacia Chile y se desplazara posteriormente hacia el Perú. La invasión no se concretó pero a mediados de 1804 el primer lord del Almirantazgo, Henry Melville, el primer ministro, William Pitt y el comodoro Home Riggs, retomaron el proyecto.
Al comenzar enero de 1806 los británicos recuperaron Ciudad del Cabo, ocupada por los holandeses aliados de Napoleón. Mientras permanecian Popham se enteró que Nelson había destruído a la flota franco-española en la batalla de Trafalgar, y le manifiestó al comandante, su intención de tomar el Río de la Plata. El Comandante Baird aceptó y le facilitó el 71º Regimiento de Infantería, la artillería necesaria y 1.000 hombres. Baird no confió totalmente en el éxito, por lo cual decidió el ascenso a general del coronel William Carr Beresford. La expedición zarpó de El Cabo el 14 de abril de 1806, con 1.500 hombres, incluídos los 36 oficiales.

Allá donde la Revolución estalló en junio III

Luciendo flamantes jinetas de coronel, Juan Bautista Morón arribó a Mendoza el 10 de julio de 1810 con la misión de reclutar soldados para repeler la asonada realista que, a las órdenes de Santiago de Liniers, el obispo Orellana y el gobernador Gutiérrez de la Concha, se había atrincherado en la provincia de Córdoba. Por las dudas, Morón detuvo a los funcionarios leales a la Colonia que acababan de ser destituidos por el cabildo mendocino; los cargó con pesados grillos y los envió a Buenos Aires en calidad de detenidos. (Uno de ellos, Ansay, vagó durante 12 años por los presidios y los campos de concentración de prisioneros que existían o fueron creados por entonces. A pesar de ello, el tozudo aragonés se consideraba un hombre de suerte, dado que por poco no estuvo en Cabeza de Tigre enfrentando el pelotón de fusilamiento que acabó con la vida de Liniers y los demás complotados).
El día 26 la Junta de Gobierno bonaerense nombró al coronel José Moldes en calidad de Teniente Gobernador de Mendoza, designación que daba por tierra con las cándidas expectativas locales de elegir un gobierno propio. Moldes traía instrucciones terminantes en cuanto a cómo conducir la ciudad de acuerdo a los designios de la autoridad central que, no obstante el “discurso” previo, desestimaba la participación de los lugareños en el manejo de los asuntos públicos. Los mendocinos comprometidos con el cambio en ciernes empezaban a comprender que el proyecto político porteño no suponía el respeto a las autonomías provinciales ni tampoco consentiría la conformación de un órgano colegiado como instancia superior de gobierno.
La Junta Grande recién pudo comenzar a deliberar en Buenos Aires en diciembre de 1810. Desde el principio, el cuerpo colectivo fue el campo de batalla en el cual las facciones en pugna -saavedristas y morenistas- dirimieron sus diferencias. A propósito de la forma de gobierno, los primeros sostenían la necesidad de que este organismo asumiera un rol ejecutivo; los segundos, en cambio, afirmaban que, frente a la situación de guerra que se abatía sobre el país, era necesario contar con un gobierno fuertemente centralizado que fuera lo menos deliberativo posible. Además, decían que los diputados del interior en su mayoría representaban a sectores conservadores comprometidos con el régimen anterior y que, en esta nueva instancia, se debía aceptar el tutelaje de espíritus progresistas y decididos, que venían a ser ellos, la elite porteña.
Al cabo de algunos meses de funcionamiento caótico, un pusch preparado en la capital obligó a disolver la junta ampliada, mientras que los diputados del interior fueron conminados a abandonar la ciudad-puerto y a volver a sus respectivas provincias. A continuación, asumió el gobierno un triunvirato cuya misión principal se orientó a acentuar el proceso de centralización y militarización del poder político iniciado en mayo de 1810.
La esperanzada “Revolución de Junio”, que estalló simultáneamente en diversos lugares de la incipiente república se había malogrado a poco de comenzar y se apagó junto con el mes que la vio nacer. Desde entonces, los argentinos, tanto de Buenos Aires como del Interior, conmemoramos la “Revolución de Mayo”, que es la que triunfó.

“Para Buenos Aires, mayo significa independencia de España y predominio sobre las provincias. Con razón quiere tanto ese día”.Juan Bautista Alberdi

Por Gustavo Ernesto Demarchi(23-05-2007)

Allá, donde la Revolución de Mayo estalló en junio II

Para los mendocinos, la decisión de adherir al flamante gobierno porteño se complicó cuando, desde Córdoba, el gobernador intendente Juan Gutiérrez de la Concha no sólo recomendó desacatar el mandato invocado por la Junta sino que además ordenó al Delegado local que reuniera los efectivos militares con asiento en Mendoza y que los enviara urgente a la ciudad mediterránea. La idea era incorporarlos a la fuerza de represión que preparaban los contrarrevolucionarios para atacar la ciudad-puerto en estado de rebeldía y reponer a la autoridad “legítima”, es decir, al virrey.
Faustino Ansay, Subdelegado de Real Hacienda, Comandante de Armas, de Fronteras y del 1° Regimiento de Caballería de Mendoza, se manifestó de acuerdo con acatar la imperativa instrucción proveniente del gobernador cordobés y, también, con repudiar al movimiento subversivo triunfante en Buenos Aires. Idéntica opinión expresaron el Tesorero provincial, Domingo de Torres y Harriet; el Contador de la Real Hacienda, Joaquín Gómez de Liaño, y los demás funcionarios coloniales del distrito. Para ellos, acostumbrados a terciar en las frecuentes querellas que se entablaban entre cabildantes y vecinos de la zona, resultó una sorpresa mayúscula el toparse con la unánime posición tomada por los 46 ciudadanos más prominentes de Mendoza, quienes, en el Cabildo Extraordinario convocado al efecto para el 23 de junio, exigieron la adhesión al alzamiento cívico consumado en el Río de la Plata y nombraron un diputado para que viajara a la capital del virreinato en calidad de representante regional.
Luego de algunas marchas y contramarchas causadas por las maniobras del núcleo realista que pretendía ganar tiempo para facilitar la contrarrevolución cuya cabeza visible se aglutinaba en Córdoba, el partido patriótico consiguió apoderarse del control militar de la ciudad y destituir, el día 28 de junio, al comandante Ansay que había intentado consumar un golpe militar para revertir la situación. A renglón seguido, Isidro Sánchez de la Maza se hizo cargo de la Comandancia de Armas.
Si bien es indudable que la llegada de Corvalán, primer enviado de la Junta, apuró la iniciación de la “Revolución de Junio”, es dable reconocer que también ejerció notable influencia en el desarrollo de los acontecimientos la problemática interna que atravesaba por entonces la comunidad local; este clima doméstico sirvió de caldo de cultivo propicio para que la chispa rebelde proveniente de Buenos Aires detonara de inmediato. Efectivamente, las “fuerzas vivas” mendocinas -comerciantes, hacendados, profesionales, incluso clérigos- desde tiempo atrás cuestionaban la dependencia, tanto burocrática como política, que las ciudades cuyanas debían mantener con Córdoba, fruto de la reforma borbónica implantada a mediados del siglo XVIII. Que la distante cabecera de la Gobernación-Intendencia ejerciera jurisdicción sobre toda la región de Cuyo, era motivo de frecuentes conflictos y quejas de parte de los mendocinos que aspiraban a obtener la autonomía.
En este contexto, la noticia de la Revolución junto a la promesa anunciada por parte de la Junta Provisional de incorporar delegados provinciales para constituir un gobierno amplio y representativo a nivel nacional, fue apoyada con genuino entusiasmo por los sectores influyentes y por el pueblo llano de Mendoza. Similar actitud, impulsada por motivaciones autonómicas y libertarias de intensidad diversa, pudo observarse en San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Tucumán y, también, en poblaciones del Litoral y la Mesopotamia. Los máximos referentes de dichas provincias, salvo pocas excepciones, se persuadieron de que el movimiento revolucionario abriría la posibilidad de contar con autoridades regionales autónomas que fueran representativas de cada realidad puntual y de su idiosincrasia singular. Es así que, entre mediados de junio y principios de julio de 1810 el interior apoyó el pronunciamiento de los hombres de Mayo con la genuina expectativa de asegurarle a cada distrito una razonable libertad de acción y administración.

Por Gustavo Ernesto Demarchi. En: Crítica Digital,23-05-2007.

Allá, donde la Revolución de Mayo estalló en junio

El derrocamiento del virrey Cisneros provocado por sectores patriotas de la sociedad porteña, ingresó a la historia como un acontecimiento trascendente que involucró a toda la nación. No obstante esta percepción colectiva que la historiografía ha consagrado, no quedan dudas de que se trató de un movimiento protagonizado, durante aquel 25 de mayo de 1810, por los habitantes más destacados de la ciudad de Buenos Aires. En las décadas siguientes, la conmemoración del magno suceso, tanto en la capital de la República como en las ciudades y los pueblos del interior, se fijó en dicho día y mes. Paradójicamente, dada la vastedad territorial y los precarios medios de comunicación y transporte disponibles a principios del siglo XIX, en el resto del ancho y largo país de los argentinos la denominada “Revolución de Mayo” en forma explícita tuvo lugar en junio, lo que constituye un curioso galimatías no sólo cronológico.
En 1810 Mendoza era una próspera ciudad comercial de 18.000 habitantes que junto a las localidades de San Juan y de San Luis conformaba la Intendencia de Cuyo, región que fuera puesta bajo la dependencia del gobernador de Córdoba a poco de crearse, en 1776, el Virreinato del Río de la Plata. Con anterioridad, Mendoza había formado parte del Reino de Chile, con cuyo pueblo mantenía fluidas relaciones, tanto económicas como culturales y sociales. Por su parte, la nueva estructura jurisdiccional contribuyó a incentivar los negocios y el tráfico entre los mendocinos y el ya floreciente puerto de Buenos Aires. Por entonces, una tropa de carretas tiradas por bueyes o una recua de mulas cargada de mercaderías y correspondencia demoraba más de dos meses en atravesar la distancia que separa ambas ciudades, a razón de 2-3 leguas de marcha diaria, aunque “reventando caballos” el periplo podía reducirse a 12 o 15 días.
Por ello, no debería sorprender que el 25 de mayo de 1810 en Mendoza, así como en otros tantos lugares del interior proto-argentino, no haya pasado nada digno de mención. Tampoco hubo hechos destacables el 26 ni el 31 de mayo. Recién durante la segunda semana de junio de aquel frío otoño cordillerano, habían llegado rumores dispersos relacionados con la caída del régimen monárquico en la metrópolis española y con la existencia de cierto alboroto cívico en Buenos Aires, la capital virreinal. En tierras andinas, mientras tanto, había que esperar al 13 de junio para que el proceso de transformaciones iniciara su marcha.
En la noche de aquel día 13 arribó a Mendoza un jinete uniformado que traía la noticia oficial de la destitución del virrey y de la formación del primer gobierno criollo en el Río de la Plata. Manuel Corvalán, comandante de fronteras, era el portador de la novedad que fue comunicada de inmediato a las autoridades del lugar. Como es de suponer, la información que había llegado a la hasta entonces apacible villa era fragmentaria e, incluso, contradictoria, dado que el bando emitido por la Junta Provisional, por un lado se hacía cargo de la acefalía del gobierno español producida en la península ibérica y, por el otro, hacía votos de incondicional fidelidad y obediencia al rey Fernando VII, a la sazón cautivo de las tropas napoleónicas, contradicción que -dicho sea de paso- formó parte de la retórica patriótica durante buena parte de la gesta emancipadora.
Por Gustavo Ernesto Demarchi (Diario Crítica de la Argentina,23-05-2007)

Provisionalidad de los gobiernos centrales.

En el transcurso de los 10 años que median entre la Revolución de Mayo (1810) y la caída del poder central (1820) se reunieron dos asambleas con carácter constituyente (1813, 1816-1819). Sólo una de estas asambleas produjo un texto constitucional: el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sud-América en 1819 que fue rechazado por las provincias debido a su carácter centralista. Los gobiernos revolucionarios que se sucedieron en esos años se constituyeron así en soluciones provisorias destinadas a durar hasta que se reuniera la asamblea constituyente que definiría y organizaría el nuevo Estado. De modo que la organización política del conjunto de los "pueblos" rioplatenses permaneció indefinida. Esta provisionalidad conllevaba una indefinición respecto a rasgos sustanciales; a saber: el de los fundamentos nacionales de los gobiernos centrales, los límites territoriales de su autoridad o sus atribuciones soberanas.
Pero hubo un instrumento preconstitucional que fijó provisoriamente las bases para la organización del nuevo Estado, el Reglamento Provisorio para la Administración y Dirección del Estado del 3 de diciembre de 1817 y que tuvo considerable trascendencia en todo el territorio. Muchas de sus disposiciones permanecieron vigentes en los pueblos luego de la caída del poder central, en la medida en que no fueron reemplazadas por leyes o textos constitucionales propios. No obstante, si este proceso pudo haber sido considerado por los gobiernos centrales y sus aliados en el Interior como una primera etapa hacia la organización de un Estado unitario, el hecho es que en distintos momentos del proceso los pueblos oscilaron entre la simple autonomía, la unión a los gobiernos centrales y las propuestas confederales de Artigas.
En la historiografía argentina se solía interpretar las expresiones autonómicas de los pueblos como resistencias de los partidarios del antiguo régimen contra los partidarios de un nuevo orden encarnado en los gobiernos revolucionarios. Otra interpretación vinculó esas expresiones con los efectos sociales de la guerra de independencia: los descontentos se habrían generado en todo el territorio del ex-Virreinato por los esfuerzos financieros exigidos desde Buenos Aires. Una tercera interpretación las ubicó como tempranas manifestaciones del federalismo. Más recientemente se ha llamado la atención sobre la necesidad de no confundir unitarismo con centralismo, luego de mostrar la existencia de tendencias a la unión de los pueblos del Interior con Buenos Aires, sin embargo opuestas a una administración centralizada. Pero lo que hoy comienza a despejarse es la cuestión del carácter de esas expresiones autonómicas y de su relación con los fracasados proyectos constitucionales. Pues desde el inicio de la Revolución, lo que tejió gran parte de la trama política del período fue la coexistencia conflictiva de soberanías de ciudades con gobiernos centrales que dirigieron sus acciones tendiendo a definir una única soberanía rioplatense.
Así, una de las cuestiones que hoy se plantea es la de discernir, frente a una excesiva identificación de esas expresiones con formas federales, en qué medida la emergencia de la soberanía de los pueblos durante el proceso emancipador puede ser vinculada a una tradición, la del autogobierno de los pueblos, que las reformas borbónicas no habrían podido quebrar. Otra de las cuestiones, se vincula con la necesidad de comprender mejor el alcance y significado de las expresiones de defensa de los llamados "derechos de los pueblos". Bajo la defensa de esos derechos pudo caber tanto una declaración de independencia provisional del gobierno central en un momento de crisis como una manifestación de unión con Buenos Aires.
Por: Dra. Noemí Goldman (U.B.A./CONICET).
En: Nuevas perspectivas en la Historia de la Revolución de Mayo

Quién era M. Moreno

El peronismo intelectual tuvo su particular visión revisionista sobre M. Moreno y su sentido de la revolución. En "Apuntes para la militancia" (1965), John William Cooke señala que: "Desde la Independencia, los intereses foráneos tenían su aliado material en la burguesía comercial de Buenos Aires, dispuesta a enriquecerse como intermediaria de un comercio sin restricciones con Europa. Su primera víctima fue Mariano Moreno, cuya visión americanista chocó con el centralismo unitario que subordinaba el país a la política bonaerense." Moreno es sinónimo de Revolución para Norberto Galasso, enrolado en la corriente historiográfica autodenominada "Revisionismo Federal Provinciano Socialista". Desde su "Mariano Moreno y la Revolución Nacional" y "Mariano Moreno, el sabiecito del sur (1944), el Secretario fue "el hombre que sabe lo que quiere y cómo hacerlo, cuando los demás vacilan en medio del desconcierto y el fragor de la lucha: El es ya la revolución"; junto con sus Chisperos, encarna un proyecto revolucionario nacional y democrático.
Para Jorge Abelardo Ramos, el jacobinismo moreniano no era viable porque le faltaba una burguesía industrial que lo acompañara. Caracterizó a Moreno como proteccionista y enemigo del libre cambio, encarnando “la idea de la Nación en Armas contra la reacción absolutista española", además de tener una “comprensión profunda de la realidad" (Revolución y Contrarrevolución en Argentina).
En la visión de Juan José Hernández Arregui, Moreno “había preconizado un programa nacional tan realista como el puesto en práctica por los Estados Unidos al declararse la independencia”. Sentencia además que la historia oficial presenta a un Moreno “liberal, antihispanista y democrático, cuando en realidad fue proteccionista, hispanista y autoritario"(La Formación de la Conciencia Nacional). Ya en la década de 1940, Moreno era presentado como un revolucionario independentista y republicano, pero democrático de acuerdo a R. Puigróss, quien se acercaba al peronismo luego de su expulsión del Partido Comunista (“Mariano Moreno y la Revolución Democrática Argentina" y "Mariano Moreno y su época").
Por: Juan Carlos Ramirez

Las invasiones inglesas y la crisis del aparato colonial español

Una gran parte de los historiadores coincide en que el 25 de Mayo de 1810 no cayó del cielo. Fueron las invasiones inglesas (1806-1807), las que demostraron, por un lado, el poderío del comercio y la flota inglesa y la precariedad del dominio español en el Río de la Plata, producto del retraso económico y social de España respecto de Inglaterra y Francia, así como también el surgimiento de sectores locales no todavía con una identidad “nacional” pero sí con un interés que no coincidía con el del invasor inglés ni tampoco del todo con el de los funcionarios coloniales españoles. Desde el ángulo de la organización popular, las milicias con comandantes electos por sufragio universal, como los Patricios, pasarían a jugar un papel muy importante como expresión si no de todo el pueblo por lo menos de un sector del pueblo en armas. Esta “militarización de la sociedad” descrita por distintos historiadores expresa una crisis del aparato colonial en suelo rioplatense, que es liberado de la invasión británica pero pierde una parte del monopolio de la fuerza pública.
El mito de la “Primera Junta de Gobierno”
Otra de las cuestiones que señala la historiografía a quien quiera prestar atención, es que la del 25 de Mayo no fue la “primera junta de gobierno patrio”. En realidad la “primera Junta” había sido elegida el día 24 con el ex - virrey Cisneros a la cabeza. La presión de los diversos grupos criollos opositores al virrey fue lo que impuso que el 25 se eligiera la junta que todos conocemos como la “Primera Junta” con Cornelio Saavedra a la cabeza.
En segundo lugar, el carácter “patrio” de la Primera Junta resulta también discutible. Como señalaba Liborio Justo, la Primera Junta no se proponía la independencia respecto de España sino que declaraba “no reconocer a otro Soberano que al Sr. D. Fernando VII y sus legítimos sucesores según el orden establecido por las Leyes”. La junta se pretendía heredera de la legalidad colonial, frente a la capitulación de la monarquía española ante Napoleón.
Fue, como señalaba otro historiador marxista, Milcíades Peña, la intransigencia de los “mandones” españoles y de la propia metrópoli lo que llevó a la proclamación de la independencia.
Por estos motivos, el 25 de mayo de 1810 es sólo el comienzo, por cierto vacilante, de un proceso mucho más amplio que vale la pena conocer.
Por: Juan del Masso